Aprehenden por fraude de 6 millones de dólares al concesionario de la Marina Ixtapa

Brenda Escobar

Zihuatanejo, Gro.- El concesionario de la Marina Ixtapa, Gabriel Ochoa Ornelas, fue detenido por agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) asignados a Zihuatanejo, en respuesta a una solicitud de colaboración de la Procuraduría General de Justicia de Baja California Norte, pues es requerido para que responda a un juicio en su contra por el delito de administración fraudulenta por 6 millones de dólares en agravio de la empresa Desarrollos Urbanos de Baja California SA de CV.
Aquí en Zihuatanejo, Ochoa Ornelas enfrenta tres denuncias penales en agravio de dos propietarios de yates por diversos delitos.
Información proporcionada por el comandante regional de la PIM, Miguel Ángel Castañeda García, la detención de Ochoa Ornelas, originario del Distrito Federal, de 59 años de edad, con domicilio en la zona residencial de Ixtapa, ocurrió este viernes por la mañana y será trasladado por agentes ministeriales de la Procuraduría de Justicia de Baja California Norte al municipio de Ensenada, donde en el juzgado segundo penal está el expediente 575/2009.
En la agencia de la PIM se encontraban los abogados Jaime Guerra González y Dorian Niño Gallegos, quienes representan a clientes que han sido víctimas de Gabriel Ochoa, entre ellas, el propio Guerra González.
Guerra explicó que por información que tiene del colega que defiende a la empresa Desarrollos Urbanos de Baja California SA de CV, se sabe que en el 2005, Ochoa Ornelas se desempeñaba como administrador general de dicha sociedad anónima y que en ese año, vendió lotes propiedad de la empresa por un total de 6 millones de dólares sin autorización de los socios y sin informarles de la transacción.
En ese mismo año, Ochoa fue despedido;  hasta después, los socios descubrieron el fraude y lo demandaron penalmente por el delito de administración fraudulenta, por lo que el juez segundo penal de primera instancia de Ensenada, Baja California, libró la orden de aprehensión en su contra.
El abogado Jaime Guerra se identificó como representante legal de Jaime de la Torre Rodríguez, quien demandó penalmente a Ochoa Ornelas por incumplimiento de contrato, pues le pagó por adelantado 120 mil pesos por un contrato de atraque para fondear por tres años su yate en la Marina Ixtapa, la cual está concesionada por Fonatur a la empresa Servicios Náuticos SA de CV, de la que Ochoa es el socio mayoritario.
“Gabriel Ochoa ordenó sacar de la marina el yate de mi cliente porque éste detectó muchas irregularidades –entre ellas, que el cárcamo de rebombeo de las aguas negras no funciona- por lo que empezó a denunciarlas ante los demás propietarios de yates, eso molestó al señor Ochoa, por lo que ordenó que el yate de mi cliente fuera sacado de la marina pese a que le pagó por adelantado tres años para hacer uso de ese embarcadero”.
El abogado Dorian Niño Gallegos, representante legal de Jaime Guerra González, informó que su cliente demandó al empresario por el delito de daños y prejuicios porque por razones “incomprensibles” no le permite utilizar el astillero de la marina para hacer alguna reparación a su yate, razón por la que ha tenido que trasladarlo hasta Puerto Vallarta para darle mantenimiento, “la administradora sólo le decía que eran órdenes del señor Ochoa y hasta ahí; entonces el señor se está reservando el derecho de admisión al astillero, cuando legalmente, tiene derecho a utilizarlo puesto que está pagando por gozar de todos los servicios y beneficios que ofrece la marina”.
“Pero además, hay otra demanda contra él por rendición de cuentas y pago de lo indebido, ya que durante muchos meses, mi cliente, Jaime Guerra, estuvo pagando a Marina Ixtapa la cantidad de 180 mil pesos mensuales por rentar un espacio para el atraque de su yate, pero descubrió que a él, así como a otros clientes más, en el precio que ellos pagaban, les estaba cobrando la renta de los muelles que están desocupados”.
Más adelante, el abogado Dorian Niño exhibió un oficio de requerimiento –el 7.3.1177.11- firmado por el director general de Puertos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Alejandro Hernández Cervantes, con fecha 12 de abril de 2011, en el que la dependencia federal le da un plazo de 10 días hábiles “a partir de la legal notificación del presente oficio” para que subsane las observaciones detectadas en una verificación hecha por personal de la Dirección de Obras Marítimas y Dragado.
“Deberá presentar un programa de dragado del canal de navegación y mantenimiento de las instalaciones, debidamente calendarizado con montos de inversión, que considere el periodo de prórroga que pretende, a efecto de garantizar la adecuada operación de la marina, y exhiba la autorización de Semarnat para descarga de aguas residuales o informe de la situación actual”, indica el documento.
El abogado aseguró que “dicho documento oficial demuestra que la Marina de Ixtapa está funcionando con muchas irregularidades, como lo han denunciado mis clientes, quienes ahora habrán de esperar lo que resuelva el juez allá en Ensenada, Baja California, para que Gabriel Ochoa responda por los delitos cometidos aquí en Ixtapa”.

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