Exponen vecinos de Barra de Potosí ante relator de la ONU su inconformidad con Fonatur
Brenda Escobar
Zihuatanejo, Gro.- Vecinos de la comunidad turística Barra de Potosí, en el municipio de Petatlán, expusieron ante el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, el caso que amenaza a ese poblado con la concesión que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) entregó al Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), para aprovechar mil 500 hectáreas de terreno en ese lugar.
A través de un comunicado, la ex diputada federal perredista y vecina de Barra de Potosí, Adriana Luna Parra, informó que el encuentro con De Schutter se llevó a cabo el viernes 17, en el auditorio de la organización civil Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), en la ciudad de México, en el que estuvieron presentes por la Red Estatal de Pesca y Acuacultura de Guerrero, Raúl Chávez Vázquez y por Barra de Potosí, Petatlán, Luna Parra; así como la bióloga de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Eloisa Vázquez Suaste.
En el boletín, Adriana Luna explica que el derecho universal a la alimentación “se ve gravemente impactado en comunidades pesqueras por concesiones y permisos para el turismo que despojan a pescadores del acceso al mar y/o laguna; dañan las lagunas, contaminan las aguas que son base para sus actividades pesqueras afectando la producción con que llevan el alimento a sus familias y se pone en peligro la subsistencia de la pesca como alimento valioso para el pueblo de México”.
Asegura que “las comunidades pesqueras conviven plenamente con la naturaleza; la vida en el mar y cuerpos de agua son base de la actividad pesquera de la que depende el alimento familiar, su forma de vida y cultura; la actividad del pescador es de alto riesgo y nivel de pobreza; encuentran un importante complemento para su economía en el ofrecer con hospitalidad a turistas nacionales y extranjeros deliciosos guisos típicos, servicios y el disfrute de las ya pocas playas de acceso libre, sin el retén implacable de grandes hoteles”.
Sobre la concesión otorgada al Fonatur, en el caso específico de la comunidad Barra de Potosí indica que “hombres y mujeres que dedican su vida, su esfuerzo digno a forjar un destino para hijos y nietos alrededor de la pesca, lo ven destruido por la visión miope de un mega turismo depredador que los despoja de su entorno sin tomar en cuenta la historia de vida, costumbres y anhelos de la comunidad arrebatándoles sus derechos económicos, sociales y culturales”.
Indica que en la exposición ante el relator de la ONU, planteó que “no estamos contra el turismo, quisiéramos un turismo justo, respetuoso de la naturaleza y los derechos comunitarios, que sean polos de desarrollo armónico, participativo y digno en que seamos beneficiados todos y todas, ¿por qué el turismo tiene que ser el arma asesina de la naturaleza y los pueblos costeros?”, cuestionó.
“Para legalizar el despojo injusto que arrebata a comunidades costeras la posibilidad de construir un destino digno aprovechando su entorno natural como patrimonio de hijos y nietos, el gobierno federal ha creado una guillotina institucional con un arma mortal, las concesiones en manos de un verdugo implacable: Fonatur, quien vende al mejor postor el poder de playas y riberas, y con ello, el destino de comunidades de pescadores”.
Agrega el comunicado que en esa reunión se estableció que tanto la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como el municipio de Petatlán, son “complacientes jueces y cómplices que aprueban estudios de Impactos Ambientales desviados para permitir construcciones que depredan la naturaleza y dañan la generación de peces”.
A través de un comunicado, la ex diputada federal perredista y vecina de Barra de Potosí, Adriana Luna Parra, informó que el encuentro con De Schutter se llevó a cabo el viernes 17, en el auditorio de la organización civil Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), en la ciudad de México, en el que estuvieron presentes por la Red Estatal de Pesca y Acuacultura de Guerrero, Raúl Chávez Vázquez y por Barra de Potosí, Petatlán, Luna Parra; así como la bióloga de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Eloisa Vázquez Suaste.
En el boletín, Adriana Luna explica que el derecho universal a la alimentación “se ve gravemente impactado en comunidades pesqueras por concesiones y permisos para el turismo que despojan a pescadores del acceso al mar y/o laguna; dañan las lagunas, contaminan las aguas que son base para sus actividades pesqueras afectando la producción con que llevan el alimento a sus familias y se pone en peligro la subsistencia de la pesca como alimento valioso para el pueblo de México”.
Asegura que “las comunidades pesqueras conviven plenamente con la naturaleza; la vida en el mar y cuerpos de agua son base de la actividad pesquera de la que depende el alimento familiar, su forma de vida y cultura; la actividad del pescador es de alto riesgo y nivel de pobreza; encuentran un importante complemento para su economía en el ofrecer con hospitalidad a turistas nacionales y extranjeros deliciosos guisos típicos, servicios y el disfrute de las ya pocas playas de acceso libre, sin el retén implacable de grandes hoteles”.
Sobre la concesión otorgada al Fonatur, en el caso específico de la comunidad Barra de Potosí indica que “hombres y mujeres que dedican su vida, su esfuerzo digno a forjar un destino para hijos y nietos alrededor de la pesca, lo ven destruido por la visión miope de un mega turismo depredador que los despoja de su entorno sin tomar en cuenta la historia de vida, costumbres y anhelos de la comunidad arrebatándoles sus derechos económicos, sociales y culturales”.
Indica que en la exposición ante el relator de la ONU, planteó que “no estamos contra el turismo, quisiéramos un turismo justo, respetuoso de la naturaleza y los derechos comunitarios, que sean polos de desarrollo armónico, participativo y digno en que seamos beneficiados todos y todas, ¿por qué el turismo tiene que ser el arma asesina de la naturaleza y los pueblos costeros?”, cuestionó.
“Para legalizar el despojo injusto que arrebata a comunidades costeras la posibilidad de construir un destino digno aprovechando su entorno natural como patrimonio de hijos y nietos, el gobierno federal ha creado una guillotina institucional con un arma mortal, las concesiones en manos de un verdugo implacable: Fonatur, quien vende al mejor postor el poder de playas y riberas, y con ello, el destino de comunidades de pescadores”.
Agrega el comunicado que en esa reunión se estableció que tanto la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como el municipio de Petatlán, son “complacientes jueces y cómplices que aprueban estudios de Impactos Ambientales desviados para permitir construcciones que depredan la naturaleza y dañan la generación de peces”.
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