Amplía Gobierno de Guerrero Informe a la CNDH Sobre caso Ayotzinapa

El Gobierno del Estado de Guerrero entregó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) un informe ampliado y actualizado sobre las investigaciones y avance de acciones relacionadas con el caso Ayotzinapa. En el documento se dan a conocer más elementos obtenidos a través de diversas investigaciones y de los propios datos del informe preliminar elaborado por ese organismo, y se destacan las acciones gubernamentales para reforzar las pesquisas, sancionar a los responsables, atender a las víctimas, establecer un mecanismo para indemnizar a éstas, proteger a testigos, y diseñar medidas para que no se repitan ese tipo de hechos. En el informe actualizado se precisa el número exacto de elementos policiales que acudieron al lugar de los hechos y la forma en que actuaron. En cuanto al número de personas que sufrieron algún daño con motivo de los hechos ocurridos el 12 de diciembre, en las investigaciones del propio Gobierno se ha identificado a quienes fueron víctimas de violaciones a la integridad y libertad personal.

El Gobierno del estado ha realizado, además, acciones orientadas a la recuperación de las personas mediante atención médica y psicológica, y ha ofrecido la prestación de servicios jurídicos y sociales necesarios para estos fines, se indica.

Por las condiciones en las que sucedieron los hechos y considerando que quienes cometieron violaciones a derechos fueron algunos servidores públicos, el contacto con muchas de las víctimas ha sido difícil. Sin embargo, esto no ha impedido que se les haya informado sobre sus derechos y referido que en caso de no querer recibir atención por parte de las instituciones públicas, el gobierno está en posibilidades de cubrir los honorarios y gastos derivados de una atención privada, se añade en el informe.

Asimismo, se refiere que de conformidad con las medidas cautelares emitidas por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, se ha brindado protección y apoyo a testigos.

En el documento entregado a la CNDH, el Gobierno del estado informa también que para lograr atención integral es necesario trabajar sobre las causas del conflicto, y en este sentido se instaló una mesa de diálogo entre la Comisión Civil de Intermediación que representa a los estudiantes y el Gobierno del estado, en la que se analizan propuestas en materia educativa y en lo relativo al acceso a la justicia.

Con la consideración de que las violaciones a los derechos son una situación excepcional, se tiene la certeza de que éstas deben compensarse mediante una indemnización justa y proporcional a las violaciones sufridas, a lo cual deben sumarse las medidas positivas del Estado para conseguir que hechos lesivos como los ocurridos no se repitan, se establece en el informe.

La CNDH también fue informada del segundo grupo de servidores públicos removidos de sus cargos, del inicio de averiguaciones previas, así como del avance de las investigaciones sobre responsabilidad administrativa de servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil.

El documento establece, además, que se prepara un paquete de reformas legislativas y normativas en materia de atención a víctimas, uso de la fuerza y de las armas para los cuerpos de seguridad ?a partir de los criterios señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y estándares internacionales?, así como para la tipificación del delito de tortura y otros cometidos por servidores públicos.

Se destaca que el Gobierno del estado avanza con acciones claras para llegar a la verdad histórica de los hechos y garantizar el acceso a la justicia.