Debe Aplicarse la ley Contra los Responsables de los Ayuntamientos Endeudados en Guerrero: Diputado
Ráfaga Noticiera
Zihuatanejo, Gro., 16 de enero de 2013.-
"Que se aplique la ley", sostuvo Catalino Duarte Orduño, diputado
federal por la Tierra Caliente, al ser cuestionado sobre los ayuntamientos
endeudados en Guerrero, entre ellos el de Azueta. Entrevistado en visita al
puerto, Duarte Orduño declaró que como diputado le tocó recibir al actual
alcalde de Azueta en la cámara baja, agregando: solo puedo decir que el
ayuntamiento de Azueta presenta problemas, "pudiera ser por el mal manejo
de los recursos, no lo se".
Está regulado en la ley que el desvío de
recursos es un delito, que los presidentes municipales están obligados a
presentar sus informes, detalló en entrevistado, lo cierto es que está en la
legislación. A faltado voluntad política de quienes están al frente de esta
responsabilidad, "en otras palabras; que el auditor general del estado
aplique la ley, que el contralor del estado aplique la ley, porque ya está
legislado". Sobre si en Guerrero se debe tomar el
ejemplo de otros estados de la república, como Chiapas donde incluso ya hay
presidentes municipales detenidos,
el diputado federal respondió: "que se
aplique la ley, esta establecido en la legislación que aquel presidente
municipal que hace mal manejo de los recursos pues puede incurrir en algún
delito" y este caso compete a la Procuraduría General de Justicia (PGR).
En relación a los informes que tendrían
que emitir en su conjunto las instancias correspondientes acerca de la
entrega-recepción en los ayuntamientos de Guerrero con problemas financieros,
entre los casos más sonados Acapulco y Azueta, Catalino Duarte argumentó que
todos los ayuntamientos de la entidad pasaron por un proceso de
entrega-recepción.
"Yo
sería un irresponsable si afirmara que
todo esto es verdad y aunque se comenta, esto hay que comprobarlo y creo que
será la auditoría y contraloría del estado quienes tendrán que emitir su
opinión porque es su obligación hacerlo", dijo, la ciudadanía tiene el
derecho de estar enterada sobre la situación de las finanzas de su municipio, y
el porqué de ella.
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