El Tribunal Agrario en Marcha en Zihuatanejo

En promedio 500 expedientes anuales se atienden en el Tribunal Agrario distrito 52, el 40 por ciento son denuncias contra empresas de electricidad, señaló Víctor David Sandoval Armas, secretario de Acuerdos.

El tribunal Agrario que se instaló en la cuidad el pasado 23 de noviembre de 2011, fue a través de una transición paulatina, “nace por la necesidad de los campesinos de tener una oficina y tribunal cercano a sus hogares, y no trasladarse hasta Acapulco”. Sandoval Armas explicó que con la creación se les dio una carga de trabajo heredada de Acapulco, 

“nos transfirieron 500 expedientes, es decir a partir de noviembre recibimos como herencia esos expedientes en trámite que corresponden a la zona de este tribunal, que abarca siete municipios de Guerrero; Coyuca de Catalán, Petatlán, La Unión, Tecpan, Zihuatanejo y dos de Michoacán, Lázaro Cárdenas y Arteaga, que ya hacían los trámites en el puerto de Acapulco”.

Agregó que

debido a que el tribunal de Acapulco ya era rebasado en las demandas, se decretó la creación de dos tribunales adicionales, el de Zihuatanejo e Iguala, “ahora el estado cuenta con cuatro tribunales agrarios, sumado el de Chilpancingo”. Lo anterior implica un ahorro en el gasto de traslado de los campesinos. Expresó que en promedio se manejarán 500 expedientes anuales, que es el promedio nacional, debido a que cuando se llega a un grado de mil 200 expedientes no se da la atención necesaria.

Las principales demandas en materia agraria, es por servidumbres de paso, en donde “los más demandados son las empresas de electricidad, la SCT, que cuando hacen una carretera pasan por el ejido y los afectados exigen que se les indemnice”.

Destacó que alrededor del 40 por ciento de los juicios son con la empresa de electricidad y el otro 60 por ciento es por conflictos internos de los ejidos, “cuando no se ponen de acuerdo sobre el dueño de la parcela, si se invaden o no se deja al titular de una parcela, eso más que un error es falta de información para la gente de campo”.

El objetivo del tribunal, del cual la magistrada es María de Lourdes Claudia Martínez Lastiri es que un juicio conflictivo se resuelva pronto, ya que no debe durar más de un año, el promedio deben ser cuatro meses de conflicto. “El resolver un problema le da a la gente certeza jurídica en sus propiedades y posesiones, a los ejidos en general o en lo individual”